• Las colectivas Cambiémosla Ya y Alianza por la Libre Determinación y Autonomía llamamos a ponderar los derechos reconocidos en la nueva Ley de Minería, derechos de comunidades y pueblos flagrantemente violados durante 31 años.
  • Con las reformas a la Ley de Minería, comunidades y pueblos deberán ser consultadas y pedir su consentimiento antes de otorgar una concesión minera en sus territorios.
  • Llaman comunidades, organizaciones y academia a valorar los derechos que esta legislación incorpora y a evitar cualquier medida que sea regresiva y contraria a las comunidades más desfavorecidas del país.
  • La reforma a la Ley Minera reconoce y configura derechos humanos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales vinculantes para nuestro país, que establecen el principio de progresividad y no regresión. Después de 31 años de vigencia de la Ley Minera de 1992, una ley secundaria que dio pauta a enormes abusos y violaciones de derechos y propició el incumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte, el pasado 8 de mayo por fin se dio un paso importante en la construcción de un marco legal más garante de derechos y más acorde con el compromiso de proteger el medio ambiente.

Con la publicación en el Diario oficial de la federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, se reconoce, por fin, que el objetivo de la Ley Minera expedida en 1992 fue privilegiar los intereses privados a costa del sacrificio y despojo de las comunidades y los territorios que habitan.

Las Colectivas Cambiémosla ya y Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) hacemos un llamado a defender esta nueva Ley, pues de proceder la impugnación presentada por  legisladores el pasado 8 de junio, se podría regresar a la Ley Minera de 1992 y sus conocidos procesos de despojo y destrucción en los territorios rurales.

Es importante enfatizar que la reforma aprobada y ya vigente reconoce y configura derechos humanos previstos en la Constitución y en instrumentos internacionales vinculantes para nuestro país. Es el caso, entre otros, del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, no indígenas y afrodescendientes considerado en el Acuerdo de Escazú, que insta a los Estados parte a proveer de las condiciones legales e instrumentales para que dichas poblaciones cuenten con la información completa, oportuna y verídica sobre los proyectos que les afecten.

Tanto este Acuerdo como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos contemplan y establecen el principio de progresividad y no regresión. Este principio ampara y protege los derechos ya reconocidos en la legislación nacional y obliga a ponderar la relevancia de su vigencia, dado que tutelan y establecen las condiciones para garantizarlos.

Impugnar una ley aprobada como la Ley de Minería, que cumple con los principios de convencionalidad y progresividad en materia de derechos humanos, es contrario a la lógica jurídica de nuestro sistema normativo y atenta contra el espíritu de la ley, que busca dar certeza y seguridad a todas las personas.

Solicitamos revisar los contenidos y el fondo de esta ley y ponderar los derechos que reconoce, tanto para los pueblos y comunidades como para los bienes naturales del país. Entre los temas incorporados en la Ley de Minería, actualmente vigentes, están:

  • Se retira el carácter preferente a la actividad minera. Ya no estará por encima de las actividades que las comunidades llevan a cabo en sus tierras.
  • Establece la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento antes de dar una concesión en territorios de comunidades y pueblos.
  • Prohíbe la minería en áreas naturales protegidas, zonas sin agua o zonas donde se ponga en riesgo a la población, así como la minería submarina.
  • Obliga a tener un programa de manejo de residuos y un programa de restauración, cierre y post-cierre con obligaciones hídricas y ambientales.
  • Limita el traspaso de concesiones. Se autoriza sólo si se pagan los derechos correspondientes y se cumplen con los requisitos de la concesión original.
  • Elimina la expropiación como derecho del concesionario.
  • Separa y diferencia los procesos de exploración y explotación.
  • No permite tener concesiones ociosas. Se deben comenzar obras en los noventa días hábiles siguientes a partir de que registran la concesión, esto obstaculiza la especulación financiera.
  • Se fortalecen los derechos de los trabajadores del sector, al establecer sanciones en el tema de seguridad.
  • No permite construir sitios de disposición final de residuos en áreas naturales protegidas, humedales, vasos, cauces o zonas donde se afecte a la población.
  • Se elimina la figura de terreno libre y primer solicitante. Las concesiones sólo se otorgarán mediante concurso o licitación pública.
  • Las concesiones se cancelarán si las empresas:
    • No inician trabajos en un año.
    • No realizan trabajos en la concesión por dos años seguidos.
    • No presentan el plan de cierre de mina.
    • Hay riesgo de desequilibrio ecológico o daño o deterioro irreversible del ambiente o la salud.
    • No pagan contribuciones por dos ejercicios consecutivos.

Si bien estos puntos no son suficientes para poner un alto a los abusos de la minería en México, son sin duda avances en la dirección correcta… Y ambas colectivas continuaremos trabajando para impulsar los cambios pendientes.

¡Respeten la nueva Ley de Minería!

Atentamente:

Colectiva Cambiémosla Ya, que reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, academia, defensores de la tierra y el territorio organizados para impulsar cambios profundos en la Ley Minera. Entre sus miembros hay comunidades y pueblos afectados por proyectos mineros en los estados de Sonora, Morelos, Zacatecas, Puebla, BCS, Veracruz; Oaxaca

La ALDEA es una articulación de pueblos, comunidades y organizaciones con presencia en 18 estados, unidos por una necesidad compartida de transformar las estructuras de desigualdad e injusticia que han mantenido en la marginación y la pobreza a los pueblos indígenas en nuestro país.

Más información con Cecilia Navarro en cecilianavarro@ccmss.org.mx y en el 555454-0678.