• Lamentable que sea la Secretaría de Medio Ambiente quien encabece el impulso de la minería en el país.
  • Lejos de cumplir con su obligación y publicar el reglamento de la Ley de Minería, parece que Semarnat  busca regresarle privilegios a la industria.
  • Total opacidad en el acuerdo sobre Plan de Acción sobre Minerales Críticos con Estados Unidos y en la Estrategia nacional de minerales.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Barcena, anunció a través de su cuenta de X, que la dependencia a su cargo, junto con las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y el Servicio Geológico Mexicano trabajan en una Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos, sin dar más detalles de en qué consiste esta política.

Dicha estrategia genera incertidumbre y gran preocupación para las comunidades porque perfila un nuevo impulso de gran escala al extractivismo minero en los territorios –como en tiempos de Calderón–, con el fin de abastecer de minerales, por un lado, a las industrias en el marco del Plan México y, por otro, a los Estados Unidos por los compromisos asumidos tras la firma del Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre ambos países al inicio del año.

Lo más alarmante es que, tanto el acuerdo con Estados Unidos sobre minerales críticos como esta Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos son totalmente opacos, no se conocen sus alcances ni los compromisos que el gobierno ha asumido sin la participación de los principales impactados por la industria minera: las comunidades y pueblos afectados o con la amenaza de proyectos mineros.

Esta falta de información genera enorme preocupación, toda vez que los importantes avances en la Ley de Minería de 2023, como quitar la minería como actividad preferente, prohibir la minería en Áreas Naturales Protegidas y la minería submarina, incorporar causales de cancelación de concesiones mineras, la obligación de las empresas de contar con planes de cierre y post cierre de minas antes de empezar la operación, prohibir las concesiones en zonas con escasez de agua, por citar algunos; no se han podido aplicar a cabalidad debido al incumplimiento del gobierno federal de publicar el reglamento de la Ley de Minería, así como las modificaciones a los reglamentos de la LGEEPA y LGPGIR en materia de minería.

Lo peor es que la Secretaría de Economía ya trabaja, de la mano de la industria, en un proceso de reforma a la Ley de Minería de 2023, para regresarle los privilegios a la industria minera a costa de las afectaciones de los derechos de las comunidades y la destrucción ambiental.

Para las comunidades, organizaciones, personas académicas y ciudadanía que integran la Colectiva Cambiémosla Ya, es lamentable que en procesos tan importantes como la elaboración de una Estrategia Nacional sobre Minerales Prioritarios y Críticos, las dependencias involucradas en el desarrollo de este instrumento no abran espacios de participación ciudadana ni expliquen en qué consiste dicha estrategia, y peor aún, que en el proceso de construcción de una política de esta naturaleza no involucren a los directamente afectados, los pueblos y comunidades quienes además custodian los bienes naturales del país.

En cambio, las autoridades mantienen una estrecha comunicación y colaboración con la industria minera para facilitar el despojo y saqueo de los recursos minerales del país mientras se siguen registrando derrames y siniestros en las zonas de extracción minera sin sanciones contundentes contra las empresas mineras.

Un claro ejemplo son los diversos derrames de jales mineros y de otras sustancias altamente tóxicas provocados por Grupo México, que ha costado la vida y la salud de miles de familias; o la violencia y desaparición de personas defensoras ambientales, críticas a empresas mineras en Michoacán, lugares en donde las empresas continúan operando sin ninguna restricción, en lugar de retirarles concesiones y revisar la operación de sus proyectos vigentes.

La Colectiva Cambiémosla Ya subraya que no existe la minería sustentable, por su naturaleza, esta es una actividad que destruye los ecosistemas, que contamina el suelo, el agua y el aire, que extrae recursos no renovables y que, además, provoca enfermedades, desplazamiento, violencia y no aporta recursos significativos a las finanzas del país. Urge seguir fortaleciendo la regulación de esta industria y evitar dar marcha atrás a los importantes avances alcanzados con la reforma del marco legal minero de 2023.

Antes de promover una nueva estrategia para el desarrollo minero del país, el Gobierno debe cumplir con las obligaciones pendientes derivadas de la reforma a la Ley de Minería de 2023, debe publicar ya el reglamento y las disposiciones necesarias para garantizar su aplicación efectiva. Sin transparencia, sin participación social y sin el cumplimiento del marco legal vigente, cualquier nueva política minera carecerá de la legitimidad necesaria para responder al interés público y a la protección de los territorios y del patrimonio ambiental de México.

La Colectiva Cambiémosla Ya hace un llamado al Gobierno Federal para que publique los contenidos, objetivos y alcances de la Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos, así como del Plan de Acción sobre Minerales Críticos suscrito con Estados Unidos. Asimismo, demanda que cualquier decisión en esta materia se construya mediante procesos transparentes, con información accesible y la participación efectiva de comunidades y pueblos indígenas potencialmente afectados, en cumplimiento de sus derechos, de la legislación vigente y de los principios de justicia ambiental.

minerales críticos minería regulación