La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, destacó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum la recuperación de 272 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) que habían sido concesionadas para la explotación minera, sin embargo, persisten más de mil 300 concesiones mineras vigentes en ANP federales, que representan una superficie acumulada de más de 680 mil 270 hectáreas.

La Colectiva Cambiémosla Ya señala que la Ley de Minería vigente prohíbe cualquier actividad de exploración, explotación o beneficio minero en ANP, por lo que esas concesiones –aún vigentes– deberían ser canceladas de inmediato, porque representan un enorme riesgo para el patrimonio natural del país. Más aún cuando el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 pretende asignar alrededor de 16.2 pesos por hectárea para la protección y manejo de las ANP.

La titular de la SEMARNAT también afirmó que en esta administración federal ya se dio el cambio de paradigma del “extractivismo neoliberal hacia el ambientalismo humanista”. Para la Colectiva Cambiémosla Ya, integrada por comunidades, movimientos, organizaciones de la sociedad civil y personas académicas y defensoras, para que eso suceda, un primer paso debería ser que la Semarnat y la Secretaría de Economía cumplan con la reforma en materia de minería y agua de 2023 y publiquen los reglamentos, cuyos avances son fundamentales para la protección de los ecosistemas y de los derechos de las comunidades frente a una de las industrias extractivas más voraces y nocivas para las poblaciones y el medio ambiente en México.

A más de tres años de la reforma a la Ley de Minería, que incorporó regulaciones muy importantes para evitar la vulneración sistemática de derechos y la destrucción impune de los ecosistemas por esta industria, ni la Secretaría de Economía ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han publicado los reglamentos de la Ley de Minería ni de la LGEEPA, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) ni de la Ley General de Aguas en materia de minería.

Esta omisión, reconocida incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum, obstaculiza la aplicación a cabalidad de la nueva legislación minera, deja espacios para la interpretación en temas centrales como la restricción de cualquier actividad minera en Áreas Naturales Protegidas; la obligación que tienen las empresas de presentar y ejecutar un programa  de cierre y post-cierre de minas, además de los medios para sufragar los gastos derivados de las actividades de remediación, por citar solo unos ejemplos.

Con ello, las autoridades mantienen la puerta abierta para que la industria minera siga causando afectaciones ambientales, muchas de ellas irreparables, como los reiterados derrames de jales mineros de Grupo México que han contaminado terrenos de cultivos, ríos y otros cuerpos de agua.

Para la Colectiva Cambiémosla Ya, no hay abandono del modelo “extractivista neoliberal” cuando se siguen construyendo acuerdos con las empresas que más han incumplido sus obligaciones y firman acuerdos para intensificar el extractivismo minero, como el Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos, cuyo objetivo prioritario es abastecer de minerales al país vecino y del que no hay información pública sobre los compromisos contraídos.

En un escenario de creciente demanda de minerales para la industria armamentista como para la electrificación de vehículos y la transición energética, la falta de un marco regulatorio robusto y claro para la industria minera allana el camino para afianzar el modelo extractivo que desplaza y enferma a las comunidades, saquea los bienes comunes naturales del país y devasta los ecosistemas.

Asimismo, para las comunidades y las organizaciones resulta muy preocupante que el gobierno federal haya comenzado el proceso de construcción de una Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Estratégicos, de la que no hay información pública ni se han abierto espacios de participación ciudadana.