Omisa por más de tres años en su obligación de publicar el reglamento de la Ley de Minería, la SE es diligente para velar por los intereses de las mineras.
Lejos de fortalecer la regulación minera para salvaguardar los derechos y la protección ambiental, busca “agilizar” trámites para beneficiar a la industria.
Funcionarios al servicio de las mineras y puertas cerradas a comunidades y ciudadanía.
La Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, se ha caracterizado por hacer una defensa férrea de los intereses de las empresas mineras y se ha olvidado de garantizar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas y la protección del medio ambiente.
La reciente impugnación de esta Secretaría a una sentencia judicial que mandata dejar sin efecto 44 concesiones mineras en territorio sagrado Wixarika, que fueron otorgadas sin consultar y sin el consentimiento de los pueblos originarios, es un ejemplo del papel de guardián de los intereses de la industria minera, sin importar los impactos que ocasionarían los proyectos mineros en los territorios de los pueblos y mucho menos en el medio ambiente.
Durante ya más de tres años, la SE ha incumplido su obligación de expedir el reglamento de la Ley de Minería, aprobada en mayo de 2023. Esta omisión favorece a la industria, porque deja un amplio margen de interpretación para que la autoridad permita que se sigan vulnerando derechos de forma sistemática.
En vez de cumplir con el mandato de la Ley y publicar el reglamento de minería, el secretario Marcelo Ebrard, junto con su equipo, muy destacadamente el ex panista Fernando Aboitiz, han acelerado la expedición de permisos mineros y se han comprometido con la industria para impulsar la exploración y explotación minera a gran escala en el país. ¿Dónde queda la promesa de campaña de prohibir la minería a cielo abierto? ¿En qué cajón se quedó guardado el ambientalismo de esta administración?
Uno de los puntos más destacables en la regulación, por lo avanzado de su planteamiento, que se logró con la reforma de la Ley de Minería de 2023, es la obligación de consultar para obtener el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas antes de asignar una nueva concesión minera. ¿Dónde está el respeto a los pueblos y comunidades indígenas?
Ninguna de las más de 65 mil concesiones mineras otorgadas desde 1992 por la Secretaría de Economía fue consultada con los dueños de la tierra. Ellos ni siquiera fueron notificados.
Pretender impulsar la exploración minera a gran escala implica regresar al camino del extractivismo neoliberal que tanto se criticó y devolver el control de la exploración minera a la industria privada. ¿Acaso pretende la SE revertir los avances de la Ley de Minería (2023), o nada más darle la vuelta? Es menester recordar que, actualmente, el Servicio Geológico Mexicano es el único facultado para hacer exploración minera. Un día sí y otro también, representantes de la industria minera presumen en distintos medios los compromisos de funcionarios de la Secretaría de Economía para impulsar procesos para devolverles facultades de exploración y para ampliar sus concesiones mineras.
Recordemos que para Marcelo Ebrard eso de la soberanía de los recursos minerales es una nimiedad; que celebró el Plan de Acción Sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos (del que a la fecha no hay información pública) para, entre otras cosas, proveer precios mínimos de los minerales y el suministro preferente a Estados Unidos, así como intercambiar información sobre la ubicación de posibles yacimientos de minerales críticos.
El titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas (UCAE) de esa Secretaría, el mencionado Fernando Aboitiz, afirmó que la propuesta de acuerdos sobre minerales críticos fue elaborada junto con la Cámara Minera de México (Camimex). Mientras que las puertas de la dependencia se cierran a la participación ciudadana y de las comunidades en la elaboración de los instrumentos de política pública, que repercuten directamente en los territorios en los que habitan las comunidades y en sus actividades productivas, como la agricultura, la ganadería, el ecoturismo, la pesca… Esas prácticas que buscan desregular sectores estratégicos para el país, como la minería, van en sentido totalmente opuesto a la consigna del gobierno de la Cuarta Transformación de dejar atrás el modelo neoliberal de la economía y a su promesa de primero los pobres.
Con nuestros más de treinta años de lucha, organizaciones comunitarias, defensoras del territorio y sociedad civil les recordamos que nosotras sí tenemos memoria, que como funcionarios ustedes están de paso y que se les recordará la falta de congruencia política en las urnas y en el territorio. Hacemos un llamado enérgico para que cumplan su obligación de salvaguardar los derechos colectivos amenazados por la minería.
